Becas Benito Juárez son utilizadas principalmente para alimentación, señala análisis del Coneval

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha señalado, tras una serie de evaluaciones recientes, que las becas del Programa de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez han derivado su uso principal hacia la cobertura de necesidades alimentarias en los hogares de menores ingresos. Aunque el objetivo original de este apoyo gubernamental es reducir la deserción escolar y fomentar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo nacional, la realidad económica de las familias mexicanas ha condicionado el destino de estos recursos.

De acuerdo con los hallazgos del organismo, la precariedad económica que enfrentan diversos sectores de la población obliga a los jefes de familia a priorizar el gasto en productos de la canasta básica. Esta situación ha generado un debate sobre si el programa, administrado a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Bienestar, cumple efectivamente con sus metas pedagógicas originales o si ha mutado hacia un esquema de transferencia monetaria para el alivio de la pobreza alimentaria inmediata.

Especialistas en política pública han enfatizado que el impacto en la calidad educativa resulta difícil de medir si el recurso no se traduce en materiales didácticos, conectividad o insumos escolares específicos. Si bien el apoyo financiero es un alivio para los gastos del hogar, el Coneval sugiere que es necesario revisar los mecanismos de entrega y el acompañamiento del programa para asegurar que los estudiantes cuenten con herramientas que mejoren su rendimiento académico en las aulas.

Por su parte, las autoridades federales han mantenido que las transferencias directas permiten a las familias decidir libremente sobre sus necesidades más urgentes, considerando la alimentación como un pilar básico para el desarrollo cognitivo del menor. No obstante, el desafío para la administración actual radica en fortalecer la evaluación del impacto educativo, separando los beneficios de la ayuda social del desempeño académico esperado en las escuelas públicas del país.