Gobierno federal analiza propuesta para gravar dispositivos electrónicos en México

La Secretaría de Cultura, en coordinación con el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), ha comenzado a trabajar en una propuesta legislativa que busca implementar una tarifa compensatoria por derechos de autor sobre dispositivos electrónicos. La iniciativa contempla un cargo de hasta el 2% sobre el valor comercial de equipos como teléfonos inteligentes, tabletas y memorias USB, bajo el argumento de proteger la propiedad intelectual de los creadores mexicanos.

El proyecto, que ha generado diversas reacciones en el sector tecnológico y entre los consumidores, se fundamenta en la premisa de que estos dispositivos permiten la reproducción y almacenamiento de obras protegidas por la ley. De acuerdo con los borradores técnicos presentados por las autoridades, el gravamen se aplicaría directamente al valor de importación o venta al público, buscando equiparar las legislaciones nacionales con estándares internacionales de gestión colectiva.

Para que esta propuesta se convierta en una realidad normativa, deberá ser enviada como iniciativa de ley al Congreso de la Unión para su discusión y posible aprobación por parte de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Hasta el momento, el documento se encuentra en una etapa de análisis preliminar y consulta con diversos sectores productivos del país, sin que se haya definido una fecha para su presentación formal ante el Poder Legislativo.

Especialistas en derecho digital y cámaras industriales han señalado que cualquier modificación impositiva debe ser evaluada cuidadosamente para no afectar el poder adquisitivo de los ciudadanos ni encarecer innecesariamente el acceso a las tecnologías de la información. Por su parte, el equipo de comunicación de la Secretaría de Cultura ha indicado que el objetivo principal es garantizar una remuneración justa para los artistas y autores ante la digitalización masiva de contenidos.

Se espera que en las próximas semanas las autoridades federales mantengan mesas de trabajo para precisar el alcance de esta medida. El sector empresarial ha solicitado transparencia en la gestión de los recursos que se recaudarían, enfatizando la necesidad de que los mecanismos de cobro sean claros y no generen una carga administrativa excesiva para los comercios y usuarios finales.