Gobierno federal recupera 5.8 millones de dólares tras venta de inmuebles

El gobierno federal informó este sábado la recuperación de 5.8 millones de dólares, producto de la venta de doce propiedades que pertenecían a la familia Weinberg, señalada por las autoridades como prestanombres de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Esta operación forma parte de la estrategia integral emprendida por las autoridades mexicanas para resarcir el daño al erario derivado de la red de corrupción tejida durante administraciones pasadas.

La enajenación de estos inmuebles, ubicados en diversas zonas de alta plusvalía, fue posible tras un proceso de seguimiento a los activos financieros detectados en investigaciones judiciales. Con este movimiento, la administración actual busca continuar con la identificación y recuperación de otros bienes que habrían sido adquiridos con recursos de procedencia ilícita, vinculados directamente a la estructura de operaciones de García Luna en territorio nacional.

Fuentes del gabinete de seguridad señalaron que los fondos obtenidos ingresarán a la Tesorería de la Federación. Estos recursos serán destinados a fortalecer los programas sociales y las labores de seguridad pública bajo los lineamientos vigentes, evitando que los bienes mal habidos permanezcan en manos de quienes facilitaron el desvío de capitales públicos.

Las autoridades federales mantienen abierta la investigación sobre otras propiedades y activos que aún se encuentran bajo revisión en el marco de los juicios de extinción de dominio. Se espera que en los próximos meses se concreten nuevas acciones legales para asegurar más inmuebles que forman parte del entramado financiero asociado a los colaboradores del exfuncionario, quien actualmente enfrenta procesos judiciales en el extranjero.

Este esfuerzo de recuperación patrimonial representa un pilar dentro de la política de cero tolerancia a la corrupción implementada por el Gobierno de México. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de la República, continúa trabajando en el rastreo de cuentas y bienes raíces tanto en México como en el exterior para garantizar la reparación del daño causado al presupuesto público.