Michoacán y Apeam acuerdan nuevas medidas contra deforestación y extorsión

El gobierno de Michoacán, en coordinación con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam), formalizó este domingo la creación de mesas de trabajo para implementar esquemas de trazabilidad en la cadena productiva del aguacate. El acuerdo busca atender de manera directa la problemática de la deforestación derivada del cambio de uso de suelo no autorizado y fortalecer los mecanismos de seguridad contra la extorsión en las regiones productoras de la entidad.

Las autoridades estatales señalaron que el objetivo principal de esta colaboración es garantizar que el fruto exportado cumpla con estándares ambientales estrictos, evitando que las huertas se establezcan en zonas forestales protegidas. Para lograrlo, se propone la implementación de sistemas de monitoreo satelital y bases de datos compartidas que permitan verificar el origen legal de cada cargamento antes de su comercialización o envío a mercados internacionales.

En materia de seguridad, el plan contempla estrategias conjuntas para reducir la incidencia de extorsiones que afectan a los productores locales y al personal de las plantas empacadoras. Representantes del sector agroindustrial manifestaron la disposición de colaborar estrechamente con la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la Guardia Nacional, con el fin de establecer corredores seguros en las carreteras de mayor tránsito para la industria aguacatera.

El gobierno de Michoacán indicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para proteger el ecosistema de la Meseta Purépecha y otras zonas boscosas de alto valor ecológico. Asimismo, se prevé que la formalización de estos procesos permita a los productores cumplir con los requerimientos de sustentabilidad exigidos por los mercados globales, asegurando la competitividad del sector a largo plazo.

Finalmente, ambas partes acordaron mantener sesiones de seguimiento constantes para evaluar el avance de los protocolos de vigilancia. La administración estatal destacó que, mediante este esquema de corresponsabilidad, se busca fortalecer el estado de derecho en las regiones donde el cultivo de aguacate es el motor principal de la economía local, buscando equilibrar el desarrollo productivo con la conservación de los recursos naturales.