PAN solicita juicio político y desaparición de poderes en Sinaloa

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) solicitó formalmente este domingo la apertura de un juicio político contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, además de proponer la desaparición de poderes en la entidad. La petición fue presentada ante el Congreso de la Unión como respuesta a la crisis de seguridad y gobernabilidad que, según el partido blanquiazul, se ha agudizado tras el reciente retorno del mandatario a sus funciones ejecutivas.

El equipo de comunicación del PAN instó a la bancada de Morena y a sus aliados legislativos a respaldar este procedimiento constitucional. Argumentan que la situación actual en Sinaloa requiere una intervención profunda por parte del Poder Legislativo federal para garantizar el orden público y restaurar la estabilidad institucional en el estado, citando preocupaciones sobre el ejercicio de las facultades del titular del Ejecutivo local.

De acuerdo con la legislación vigente, la desaparición de poderes es una facultad exclusiva del Senado de la República, la cual puede ejercerse cuando los titulares de los poderes constitucionales de un estado quebranten los principios del régimen federal o abandonen sus funciones. El PAN sostiene que las condiciones actuales en Sinaloa justifican que el Senado analice si los poderes locales han dejado de cumplir con sus obligaciones fundamentales hacia la ciudadanía.

Por su parte, los legisladores de Morena han señalado que cualquier proceso de esta naturaleza debe seguir estrictamente los cauces legales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El debate sobre la viabilidad de esta solicitud se trasladará a las comisiones correspondientes del Congreso, donde se deberá determinar si existen los elementos jurídicos necesarios para proceder con la remoción o la declaratoria de desaparición de poderes.

La propuesta del PAN ha generado una intensa discusión política en el ámbito nacional, centrando la atención en la gestión de la seguridad pública y el papel de los gobiernos estatales frente a la violencia. Se espera que durante la próxima semana se definan los plazos para que las comisiones legislativas analicen la procedencia de la solicitud presentada por los integrantes de Acción Nacional.