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Propuesta en México exige mostrar precios totales en compras digitales

Una nueva iniciativa legislativa busca obligar a las plataformas digitales a transparentar el costo final desde el inicio del proceso de compra.

Redacción Boletín Nacional
Foto: xataka.com.mx

Una iniciativa presentada esta semana en el Congreso de la Unión busca regular las prácticas de precios en plataformas digitales dentro de México. La propuesta exige que empresas de comercio electrónico, servicios de transporte y plataformas de videojuegos muestren el costo total de los productos o servicios antes de que el usuario inicie el proceso de pago. El objetivo es eliminar la práctica de añadir cargos adicionales al final de la transacción, lo que actualmente confunde a los consumidores mexicanos.

El problema central radica en que servicios de entrega de comida, reservas de hoteles y plataformas como PlayStation suelen presentar una cifra base atractiva al inicio de la navegación. A medida que el usuario avanza hacia la confirmación de la compra, aparecen cargos por servicio, comisiones, impuestos o tarifas dinámicas que elevan el costo inicial. Los proponentes de esta medida señalan que esta falta de claridad constituye una barrera para la toma de decisiones informadas por parte de los clientes.

De aprobarse esta regulación, las empresas tendrían que ajustar sus interfaces para reflejar el desglose completo del precio desde la primera pantalla. Esto representaría un cambio significativo en el modelo de negocio de diversas aplicaciones internacionales que operan en territorio nacional, las cuales se verían obligadas a adaptar sus algoritmos de cobro a la legislación mexicana. La iniciativa busca fortalecer los derechos del consumidor frente a las tácticas de marketing digital que ocultan el valor real de las transacciones.

Especialistas en derecho digital han señalado que la implementación de esta norma requeriría una vigilancia estrecha por parte de las autoridades competentes. La propuesta pretende alinearse con las tendencias globales de protección al usuario en entornos virtuales, garantizando que el precio exhibido sea efectivamente el que el ciudadano terminará pagando. El debate legislativo continuará en las próximas semanas para determinar el alcance y la aplicación práctica de esta medida en el ecosistema digital del país.

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