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SCJN asegura gestión austera sin privilegios ni gastos innecesarios

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que el presupuesto del máximo tribunal se ejerce con disciplina y sin excesos.

Redacción Boletín Nacional
Foto: eleconomista.com.mx

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este lunes que el presupuesto asignado al Poder Judicial se maneja bajo estrictos criterios de austeridad, rechazando la existencia de privilegios o lujos en el funcionamiento del órgano colegiado. En un contexto de revisión del gasto público para el próximo ejercicio fiscal, el integrante del pleno destacó que la administración de los recursos se realiza con transparencia para garantizar la operatividad de los tribunales federales.

Durante su intervención, el representante judicial enfatizó que no existe una política de dispendio ni una intención de retomar prácticas del pasado que pudieran ser consideradas como gastos superfluos. Según la postura institucional, la actual gestión se enfoca en priorizar las necesidades esenciales para la impartición de justicia en todo el territorio nacional, manteniendo una estructura operativa equilibrada ante las peticiones de eficiencia presupuestaria exigidas por diversos sectores sociales.

El ministro señaló que el compromiso de la SCJN es mantener la autonomía técnica mediante una asignación de recursos responsable. Esta declaración ocurre en medio de un debate nacional sobre la austeridad republicana, donde la Suprema Corte ha sido objeto de escrutinio sobre sus partidas presupuestales. El equipo de comunicación del tribunal reiteró que cada peso ejercido responde a la carga de trabajo que implica atender las controversias constitucionales y los casos que llegan a la máxima instancia del país.

Finalmente, se informó que el Poder Judicial continuará trabajando bajo los lineamientos de eficiencia administrativa, buscando que el presupuesto sea suficiente para cubrir los requerimientos de modernización y capacitación. El objetivo central, según lo expuesto, es que la ciudadanía perciba un tribunal enfocado exclusivamente en su labor jurisdiccional, alejado de cualquier señalamiento de gastos onerosos que pudieran comprometer la confianza pública en la institución.

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