Segob propone destinar 119.8 millones para defensa jurídica y migración en 2027

La Secretaría de Gobernación (Segob) ha integrado en su propuesta para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 un incremento en los fondos destinados a áreas estratégicas de atención ciudadana y gestión migratoria. La dependencia federal contempla una partida presupuestal de 119.8 millones de pesos, orientada principalmente a robustecer los servicios de defensa jurídica, la administración de trámites testamentarios y la operación en puntos críticos de atención a personas migrantes en territorio nacional.

De acuerdo con la información presentada por la dependencia ante la Cámara de Diputados, este ajuste financiero busca optimizar la capacidad operativa de las unidades encargadas de brindar asesoría legal a sectores vulnerables. El plan propone que una parte significativa de estos recursos se canalice hacia la modernización de los procesos de regularización y el fortalecimiento de los mecanismos de asistencia en las delegaciones regionales de la Segob, garantizando que el personal cuente con los insumos necesarios para la atención diaria.

En cuanto al rubro de migración, la propuesta enfatiza la necesidad de contar con infraestructura más eficiente para gestionar los flujos de personas que ingresan al país, otorgando prioridad a la protección de sus derechos humanos. Los recursos proyectados permitirían mejorar la coordinación con otras dependencias del Ejecutivo Federal para asegurar que los trámites de estancia y regularización se realicen con mayor celeridad y bajo los marcos normativos vigentes.

Asimismo, el apartado de servicios testamentarios busca reducir la brecha de atención que enfrentan miles de familias mexicanas anualmente. El objetivo de la Segob, según lo expuesto en el documento, es ampliar las jornadas de asesoría y facilitar el acceso a la certeza jurídica sobre el patrimonio, mediante la simplificación de procesos administrativos y el fortalecimiento del vínculo institucional con los notarios públicos en todo el país.

El documento ahora entra en la fase de análisis por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Los legisladores deberán revisar la viabilidad de esta partida de 119.8 millones de pesos para asegurar que los incrementos propuestos se alineen con los objetivos de austeridad y eficiencia operativa establecidos por la administración federal para el siguiente año fiscal.