Sheinbaum pide a la FGR investigar señalamientos contra Amílcar Olán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este lunes que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal contra Jorge Amílcar Olán Aparicio. El empresario ha regresado al debate público tras reportes sobre su localización en Suiza y los diversos señalamientos que pesan sobre él, relacionados con la presunta adjudicación irregular de contratos públicos, la comercialización de balasto para proyectos de infraestructura federal y acusaciones sobre posible huachicol fiscal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la titular del Ejecutivo federal subrayó que cualquier denuncia que involucre posibles actos de corrupción debe ser procesada por las instancias judiciales correspondientes. Sheinbaum enfatizó que su administración mantiene una postura de no impunidad, por lo que, de existir pruebas sobre las operaciones señaladas, la Fiscalía deberá realizar las indagatorias pertinentes conforme a derecho, sin importar los vínculos personales o comerciales que se le han atribuido al empresario en el pasado.

El nombre de Amílcar Olán ha sido objeto de escrutinio mediático en los últimos meses debido a presuntas irregularidades en la proveeduría de materiales destinados a grandes obras gubernamentales. Las investigaciones periodísticas sugieren que sus empresas habrían obtenido ventajas competitivas en licitaciones de alto impacto, además de operar en sectores energéticos bajo sospecha de evasión fiscal y comercialización ilícita de hidrocarburos, prácticas que las autoridades de la SHCP y el SAT han comenzado a revisar.

Por su parte, fuentes de la administración federal señalaron que, hasta el momento, no se han recibido notificaciones oficiales sobre procesos judiciales internacionales en contra de Olán en territorio suizo. La instrucción desde Palacio Nacional es que las dependencias competentes colaboren con la FGR en caso de ser requerida información sobre los contratos suscritos durante el periodo cuestionado, garantizando que el proceso se mantenga estrictamente apegado a la legalidad y la transparencia institucional.